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El otro 23-F

Hoy se cumple el 25 aniversario de la expropiación forzosa del ‘holding’ Rumasa a los

La madrugada del 23 de febrero del año 1983, agentes de la Policía Nacional y un grupo de funcionarios del Estado se presentaron en la sede central de Rumasa, el holding propiedad del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, e inmovilizaron toda la información contable y cualquier tipo de documentación antes de precintar el edificio ubicado en la céntrica plaza de Colón. La misma suerte corrieron el resto de delegaciones de este conglomerado de empresas en todo el país, e incluso las viviendas privadas de la familia Ruiz-Mateos. De esta forma se iniciaba la polémica expropiación forzosa del holding de la abeja.


Este proceso se inició tras la decisión adoptada por el recién llegado Gobierno socialista de Felipe González, que sólo unos meses después de su triunfo por mayoría absoluta en las elecciones de octubre de 1982 adoptaba esta medida que desposeyó a los Ruiz-Mateos de todo su patrimonio y que hoy en día sigue siendo la iniciativa más contundente tomada por los socialistas.


El 23 de febrero de 1983, apenas dos años después del otro 23-F en el que Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados, el PSOE inició la intervención de un grupo empresarial de enormes dimensiones que en ese momento contaba con 336 compañías, aunque llegaban a 700 los activos entre filiales y participaciones, con más de 65.000 empleados, unos 100.000 pequeños accionistas y una facturación anual de 350.000 millones de las antiguas pesetas (unaos 2.000 millones de euros).


El decreto en el que se basó la expropiación fue aprobado esa misma mañana por el Consejo de Ministros, y las razones que el Ejecutivo de Felipe González adujo para justificarlo fueron la reiterada falta de auditorías externas a los bancos del grupo como de sus sociedades más importantes, la permanente obstrucción del holding a la actividad inspectora del Banco de España, los desproporcionados riesgos asumidos por los bancos que financiaban internamente al grupo con respecto de la solvencia del grupo, la desatención a las múltiples advertencias de las autoridades monetarias a Rumasa, recomendando una política más prudente de inversiones y una desconcentración de riesgos y la arriesgada espiral de adquisiciones e inversiones del grupo. Eso sin contar con la «escasa colaboración» de la dirección de Rumasa para facilitar la inspección del Estado y del banco emisor.


Para el Gobierno socialista, ésas eran razones de sobra para que el Estado asumiera la gestión de ese complejo entramado empresarial en lugar de optar por otras posibilidades como la intervención limitada.
En quiebra técnica


El mismo ministro de Economía responsable de la expropiación, Miguel Boyer, denunció pocos días después de que Rumasa estuviera en manos del Ejecutivo cuantiosos fraudes a la Seguridad Social del grupo Rumasa y pérdidas en 17 de sus 18 bancos, así como cuotas tributarias no ingresadas por las empresas del grupo. Es más, según fuentes financieras, en el momento de la expropiación Rumasa tenía unas deudas a terceros de 1,08 billones y el valor contable de los activos del grupo sólo alcanzaba los 821.737 millones. El grupo estaba en situación de quiebra técnica.


Muchos años después, en 1997, Boyer llegó a afirmar que «la expropiación de Rumasa no fue una medida sancionadora o punitiva contra Ruiz-Mateos por unos presuntos delitos que hubieran correspondido a los tribunales depurar. Fue una medida de política económica, con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra, que, en las difíciles circunstancias de 1983, nos pareció que podría tener unas consecuencias muy graves». Para José María Ruiz-Mateos y su numerosa familia, sin embargo, lo que ocurrió fue simple y llanamente un expolio.


Algunas fuentes cercanas al entorno de la familia Ruiz-Mateos recalcan que el germen de esta operación está en el mundo de la banca, que miraba con recelo el crecimiento del entramado financiero de Rumasa y sus continuas operaciones de inversión en favor de los propios intereses del holding. Estas fuentes apuntan que el grupo empresarial simbolizado por la abeja estaba en el punto de mira de la competencia, y recuerdan aquella frase de Mariano Rubio, gobernador del Banco de España hace 25 años, cuando dijo lo de «quiero llegar a saber qué es Rumasa».


Fuera por unas razones o por otras, lo cierto es que una vez consumada la expropiación, el Estado español tuvo que hacerse cargo de un patrimonio gigantesco que en un primer momento pensó en nacionalizar, pero que finalmente fue sometido a un proceso de reprivatización.


Este aspecto es otro de los que ha generado más polémica y juicios negativos un cuarto de siglo después. Y es que la expropiación no sólo provocó que el Gobierno tuviera que gastar alrededor de un billón de pesetas en mantener la empresa en funcionamiento mientras encontraba compradores privados, sino que además, y debido al gran tamaño del grupo de los Ruiz-Mateos, tuvo que recurrir a venderlo por piezas sueltas y, como denuncian muchas voces, en ocasiones por cantidades muy inferiores a su valor real.
Un caso polémico fue el de Galerías Preciados, que adquirieron los hermanos venezolanos Gustavo y Ricardo Cisneros por 216 millones de pesetas (casi 1.300.000 euros), pero que poco después vendieron a la empresa británica Mountleigh por 30.000 millones de pesetas (más de 180 millones de euros) –finalmente la compró El Corte Inglés–. Algo parecido ocurrió con Bodegas Internacionales, que Marcos Eguizabal adquirió por apenas 40 millones de pesetas (240.000 euros) cuando su tasación era de 600 millones de pesetas (3.600.000 euros).


Lo cierto es que durante la privatización se perdieron muchos puestos de trabajo, y no fue hasta 2002 cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) culminó el proceso con la venta de las últimas fincas rústicas del grupo de la abeja.
Durante todo este tiempo, y prácticamente desde que tuvo lugar la expropiación, el patriarca de los Ruiz-Mateos emprendió una ardua y complicada batalla judicial contra el Estado español –aún hay alguna causa abierta– para, en primer lugar, dirimir la legalidad de la operación, y en segundo para lograr la devolución de sus bienes y evitar cualquier responsabilidad penal.
La primera cuestión quedó decidida en 1991, cuando el Tribunal Constitucional resolvió que la expropiación había sido constitucional, y después de tres fallos anteriores del mismo tribunal –1983, 1986 y 1988– que defendían tesis idénticas.
Tampoco ha logrado José María Ruiz-Mateos a lo largo de los últimos 25 años que la Justicia le dé la razón en su pretensión de recuperar sus empresas y revertir su venta. Las reclamaciones presentadas por la familia Ruiz-Mateos suman un total de 163, pero a día de hoy no ha logrado ninguna devolución o indemnización.


Eso sí, el Tribunal Supremo lo absolvió en 1999 de los delitos de falsedad y estafa, aunque eso no evitó un breve paso por la cárcel el verano pasado por un delito de alzamiento de bienes durante la compra de la agencia de viajes Mundo Viaje.
Y pese a las vicisitudes, José María Ruiz-Mateos regresó al mundo de los negocios con su Nueva Rumasa, que agrupa ya unas 100 empresas y cuenta con una plantilla de unas 9.000 personas. Aunque este clan familiar vuelve a apostar por los mismos sectores –alimentación, la bebida, la hostelería–, hoy en día, y con la lección aprendida, evitan dar tantos datos de su patrimonio y recuerdan que el nuevo entramado ya no es un holding, sino empresas independientes aunque con una gestión coordinada.

CRONOLOGIA


    23/2/1983: El primer Gobierno del PSOE expropia Rumasa.
    4/3/1983: José María Ruiz-Mateos huye a Londres.
    25/4/1985: El dueño de Rumasa es detenido en Fráncfort.
    1/12/1985: Ruiz-Mateos es extraditado a España.
    27/10/1988: Huye de la Audiencia Nacional disfrazado con peluca y gabardina.
    3/5/1989: El empresario insulta y agrede a Miguel Boyer en un acto público.
    13/11/1989: Detenido en Lepe, ingresa en prisión en Alcalá Meco.
    15/1/1991: El Tribunal Constitucional avala por cuarta vez el proceso de expropiación.
    2/1/1997: La Audiencia Nacional ordena su encarcelamiento para asegurarse que asistirá al juicio.
    19/2/1997: Inicio del juicio. Piden una condena de 12 años.
    12/6/1997: La Audiencia Nacional le absuelve de los delitos de estafa y falsedad.
    25/3/1999: El Tribunal Supremo confirma la absolución de todos los cargos.
    19/11/2002: La SEPI cierra el proceso de privatización.


ppacheco@lavozdigital.es

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